La XXXI Conferencia de Decanas y Decanos de Derecho de España, presidida por el catedrático de la Universidad de Oviedo Javier Fernández Teruelo, integrada por 72 universidades públicas y privadas de todo el país y que representa a más de 100.000 alumnos y alumnas, aboga por introducir en ESO y en 1º y 2º de Bachillerato materias vinculadas al conocimiento del Estado, la Constitución, los Estatutos de Autonomía, los Derechos Humanos, la Política y el Derecho como vehículo para implicar a los jóvenes en la construcción de una sociedad justa y equitativa.

Esta propuesta se enmarca en las conclusiones del Grupo de trabajo Discriminación de los Estudios de Derecho y propuestas de actuación, informe elaborado en el seno de la conferencia que, al amparo de la promulgación de la LOMLOE, recoge una propuesta para que los estudiantes de ESO y Bachillerato conozcan y entiendan conceptos fundamentales como nación, país y Estado; el patriotismo y el nacionalismo; el centralismo, el regionalismo y el federalismo, la división de poderes, la Constitución Española de 1978, la organización del Estado, el sistema electoral, los Estatutos de Autonomía, el papel de las instituciones públicas o la importancia del Tribunal Constitucional, entre otros. 

Sobre las ventajas que para la sociedad tiene introducir estas materias en ESO y Bachillerato ha debatido la conferencia, cuyo pleno se reúne hoy y mañana en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz, ubicada en Jerez, y que ha sido inaugurado esta tarde de manera telemática por el ministro de Justicia, Félix Bolaños; el rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell Serrano, y el presidente de la conferencia, Javier Fernández Teruelo, quien ha recordado que los alumnos de Derecho de la actualidad serán los jueces, fiscales y abogados del mañana, lo que obliga a brindar a esta titulación la relevancia que le corresponde.

“Son muchas las ventajas que estas aportaciones pueden conllevar en aras de forjar en el estudiantado de ESO y Bachillerato una personalidad madura, una conciencia cívica, solidaria y responsable amparada en valores y derechos que consideramos clave para la implicación futura y activa de estos estudiantes en la construcción de una sociedad justa y equitativa”, asevera el responsable del grupo de trabajo, Javier Palao Gil. 

Asimismo, el documento contempla otros aspectos de relevancia, como la reivindicación de la formación en Derecho para impartir contenidos jurídicos en los distintos ámbitos educativos, desde las materias de ciencias sociales de ESO y Bachillerato hasta títulos propios, enseñanza universitaria o incluso el máster en Educación Secundaria. 

En la misma línea, la conferencia apuesta por reforzar la docencia práctica del Derecho, lo que contemplaría, por ejemplo, la realización de clases teórico-prácticas en juzgados y tribunales, el refuerzo de la estructura y la actividad de las Clínicas Jurídicas o la tutela de las prácticas por parte de despachos y tutores profesionales. Además, las decanas y decanos reclaman infraestructuras como salas de vistas, laboratorios de legaltech, aulas de informática y tecnología o salas para mediación que, junto a nuevos programas informáticos, contribuyan a una mejor docencia.

Discriminación en la LOSU

La carrera académica en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y la distribución de contratos predoctorales es otro de los temas a debate en el encuentro, ya que la conferencia asegura que las administraciones públicas no asignan estos contratos con ecuanimidad y proporcionalidad, lo que perjudica de manera clara a sus facultades.

En este sentido, explican que los egresados de máster en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas suponen el 64,80% de todos los graduados de España. Frente a ello, el Ministerio de Universidades les asigna apenas el 21,5% de contratos predoctorales, lo que las perjudica ya que la falta de contratos disuade a los interesados en doctorarse. 

En el caso concreto de Derecho, durante el curso 2021/2022 se graduaron 12.200 estudiantes y los egresados de másteres jurídicos superaron los 7.500, cifra muy superior a los 24 contratos predoctorales asignados. Pese a ello, las tesis doctorales leídas fueron 452, lo que supone casi 20 tesis por cada contrato. Otra de las consecuencias de esta realidad es que más del 40% de los nuevos doctores en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas tienen 40 años o más, lo que dificulta el relevo generacional en las facultades jurídicas, que están muy envejecidas.  

El papel de la inteligencia artificial

Por otro lado, la coordinadora del Grado en Criminología y Seguridad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz, Mariana Solari, ha intervenido esta tarde en la Conferencia con la ponencia “Uso de IA en los estudios de grado y posgrado jurídicos en España”. En este escenario, ha destacado que la integración de la inteligencia artificial en los estudios de grado y posgrado jurídicos está revolucionando el ámbito educativo y profesional del Derecho, que de su mano puede mejorar de manera significativa la eficiencia y precisión en la investigación y gestión de información jurídica, además de personalizar y ofrecer experiencias de aprendizaje más dinámicas y participativas. 

Entre los desafíos y estrategias, Solari se ha referido a la necesidad de abordar el sesgo inherente en los algoritmos de IA para garantizar decisiones justas y equitativas, lo que requiere la implementación de auditorías regulares y la promoción de la diversidad en los datos utilizados para entrenar estos sistemas, y a la prioridad de la protección de datos, lo que implica el desarrollo de políticas claras que aborden cuestiones de ética, privacidad y equidad.

El programa de la XXXI Conferencia continuará mañana viernes con la intervención de la directora de la División de Evaluación de Profesorado y secretaria de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), Susana Quicios Molina, quien presentará el nuevo procedimiento para la obtención de la acreditación estatal para Profesor/a Titular y Catedrático/a de Universidad y los nuevos criterios de evaluación de los sexenios en Derecho. Tras una pausa, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Girona, Albert Ruda González, profundizará en la adaptación de la enseñanza de Derecho al Real Decreto de organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de la calidad y, a continuación, tendrá lugar la Asamblea Ordinaria. 

La Conferencia de Decanas y Decanos de Derecho

La Conferencia de Decanas y Decanos de Derecho tiene como fines propios el fomento, la mejora y la coordinación de los estudios de Derecho en las diversas facultades mediante la creación de foros de debate e intercambio abiertos a todas las universidades españolas sobre temas de interés para las titulaciones universitarias de Derecho. Asimismo, busca constituirse en interlocutora ante los poderes públicos en relación con todas las normas que afecten a la enseñanza del Derecho, en todos sus niveles, y en estrecha coordinación con la CRUE.