La Comisión Sectorial de Gerencias del Grupo 9 de Universidades (G-9), presidida por Ignacio Villaverde, rector de la Universidad de Oviedo, ha alertado de la sensible reducción de autonomía universitaria y las consecuencias económicas derivadas de la reciente implementación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Se ha reunido los días 18 y 19 de enero en la sede del Rectorado de Cáceres de la Universidad de Extremadura.

En un análisis inicial, el G-9 ha insistido en los impactos negativos de la LOSU en la capacidad de gestión administrativa y financiera de las instituciones públicas que forman parte del Grupo. Esta situación preocupa considerablemente a las universidades miembros, dado que la ley conlleva un incremento significativo en los costes, especialmente en lo que respecta al gasto de personal. En el conjunto del G-9, el incremento de costes, consolidable y creciente, año tras año, tan solo en los relativo a los cambios de dedicación previstos en la LOSU, supera los 135 millones de euros según la monografía de 2023 de Financiación Pública en la Ley Orgánica del Sistema Universitario de CRUE Universidades Españolas. Las nuevas disposiciones legales obligan a las universidades a adaptar las dedicaciones y afrontar regulaciones sin contar con el respaldo económico suficiente, poniendo en riesgo la sostenibilidad futura de las políticas y la gestión independiente de cada universidad. 

“Desde el borrador de la LOSU hemos puesto de manifiesto que la entrada en vigor de la norma iba a suponer un impacto económico importante y muy sustancial sobre la economía de las universidades públicas españolas. Ahora que está aprobada y que empezamos ya a tener que hacer aplicación de la ley orgánica, eso que se había dicho hace un año se manifiesta en cifras concretas”, manifiesta Ignacio Villaverde. 

La comisión ha acordado elaborar un documento de trabajo que contenga el análisis de estos impactos económicos y su proyección a futuro con el objeto de trasladarlo a sus respectivos gobiernos autónomos para reforzar su postura negociadora en el seno del Consejo de Coordinación de Políticas Universitarias, relativa a la financiación de las universidades, prevista en el artículo 55 LOSU y, en particular, lo concerniente al cálculo del 1% del PIB autonómico que debe destinarse a la financiación del servicio público de educación superior universitaria. “Seguimos en un escenario de incertidumbre. Ninguna universidad sabemos cómo van a contribuir, tanto los gobiernos autonómicos como el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, para poder hacer frente a esos costes que, si no pondrán en riesgo el cumplimiento de la ley, en cualquier caso, sí la salud económica de nuestras universidades”, subraya Villaverde. Recuerda el rector de la Universidad de Oviedo que las comunidades autónomas que forman parte del G-9 tienen cuantías distintas y “la relación con la financiación real de sus universidades con respecto al 1% también varía mucho, pero ninguna llegamos a ese 1%”.

Las universidades del G-9 instan a una revisión y diálogo abierto con los legisladores para garantizar la viabilidad económica de las instituciones y preservar la calidad educativa y de investigación que caracteriza al sistema universitario español.

Plan de Formación PTGAS

Durante la reunión, se ha avanzado que el XI Plan de Formación 2024 para el PTGAS (Personal técnico, de gestión y de administración y servicios) del Grupo 9 de Universidades ofrecerá 61 cursos online, 14 más que en la edición del pasado año. Supone un incremento de 1.005 plazas hasta alcanzar las 3.355 plazas (en 2023 fueron 2.350). 23 cursos en 2024 abordan temáticas completamente novedosas.

El proceso de inscripción se abrirá el próximo 2 de febrero, hasta el día 22 del mismo mes. Previamente, se publicará la información en la página web del G-9 ww.uni-g9.net

En el XI Plan de Formación PTGAS participan 11 universidades. Junto a las tradicionales del G-9, se incluyen como universidades colaboradoras a Murcia y Burgos.

Otros asuntos

La Comisión de Gerencias del G-9 ha acordado elevar una propuesta de modificación de la normativa en materia de compatibilidades del empleo público para facilitar el acceso a la figura del profesor sustituto del artículo 80.1 de la LOSU.