La Comisión Sectorial de Profesorado de las universidades públicas que conforman el Grupo 9 de Universidades (G-9) se ha mostrado preocupada por la falta de compromisos de financiación en el desarrollo de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) en materia de profesorado. Por ello, ha solicitado una clarificación al gobierno central y un compromiso presupuestario específico. La aplicación adecuada de la Ley, señala el G-9, solamente será posible, y exitosa, con una financiación adecuada por lo que solicita una solución urgente para esta situación, a la par que constata que esta inquietud es compartida por los gobiernos autonómicos. Hubiera sido deseable, señala el G-9, que la definición de financiación de las medidas recogidas en la LOSU se hubiera producido en coordinación con las universidades.  

 

El G-9 ha solicitado, asimismo, seguridad jurídica en el régimen del personal docente e investigador, que garantice un desarrollo exitoso de la LOSU. En particular, interesa que quede muy claro el régimen transitorio, con el fin de que se puedan atender las exigencias del inminente curso 2023/2024.  

 

Los representantes del G-9, reunidos en Badajoz, bajo la presidencia del rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, han analizado, durante su jornada de trabajo, los detalles de la Ley en materia de profesorado y han formulado una serie de consultas que ya han sido enviadas a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue) para su posterior traslado al Ministerio de Universidades para su clarificación. 

 

En opinión de los responsables de Profesorado, sería importante que el desarrollo de los ámbitos del futuro Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) se fueran definiendo pronto, contando con las universidades en este proceso. 

 

El G-9 ha manifestado, por último, su voluntad constructiva para mejorar, conjuntamente, el sistema público universitario.