La Comisión Sectorial de Investigación del Grupo 9 de Universidades (G-9), presidida por el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, se ha reunido los días 17 y 18 de enero de 2019 en Mieres (Asturias), en el Campus Universitario de Mieres (Universidad de Oviedo).

Constituida por nueve grupos de trabajo, e integrada por más de 100 personas de las 9 universidades públicas, la Comisión Sectorial de Investigación ha desarrollado su trabajo en sesiones paralelas de los 9 grupos de trabajo, acordando las conclusiones que se recogen en sus respectivos informes. A la vista de dichos informes, el Grupo 9 desea hacer públicos los siguientes aspectos que afectan al buen desarrollo de la actividad de I+D+i en las Universidades Españolas:

1. Ley de Contratos del Sector Público: Continúa la preocupación por las consecuencias del desarrollo de la Ley de Contratos del Sector Público. Su implantación ha incrementado sensiblemente las dificultades en la ejecución del gasto y por tanto ralentizado la actividad investigadora. La gestión universitaria requiere cambios legislativos  profundos que tengan en cuenta la actividad singular de las universidades. Desde la sectorial de investigación reclamamos que dichos cambios legislativos se impulsen definitivamente desde instancias gubernamentales y sean responsablemente apoyados por todas las fuerzas políticas.

2. Sexenio de Transferencia: Se considera muy positiva la introducción del Sexenio de Transferencia, tanto en su concepción como en la diligencia con la que se ha puesto en marcha. Confiamos que esta experiencia piloto permita optimizar el procedimiento y alcanzar una mayor concreción en los criterios para futuras convocatorias. El ingente número de solicitudes y una cierta falta de definición en los criterios, están creando dificultades a las universidades en la gestión de las solicitudes de esta convocatoria.

3. Incremento de la burocracia: La carga burocrática que suponen las justificaciones de las subvenciones de proyectos I+D+i, especialmente del plan estatal,  no sólo no ha descendido sino que sigue incrementándose, como ejemplo los trámites asociados a la justificación de los costes indirectos y, como novedad, la justificación de las horas de dedicación en los contratados de investigación.

4. Financiación de la investigación: Se insiste en que la I+D+i debería de ser considerada inversión y no gasto, y, por consiguiente, no debería de estar sometida a la Ley General de Subvenciones. Los Presupuestos Generales del Estado deberían asegurar una financiación suficiente y estable que nos acercara progresivamente a la media de la Unión Europea.

5. Programas de RRHH: Es necesario impulsar con decisión los programas de RRHH para la investigación, especialmente el Programa Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, e implementar otros programas orientados a la captación y a la retención de talento. Sin embargo se pone de manifiesto que las figuras contractuales actuales están mostrando deficiencias que se pueden traducir en problemas con la legislación laboral vigente. Nos preocupa la falta de avances en la elaboración de un estatuto del Personal Docente e Investigador y, en cuanto al Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF), aplaudimos los avances en su elaboración, pero vemos con alta preocupación la reducción del límite de horas de colaboración docente a impartir por las y los contratados predoctorales, por lo que solicitamos que esta se mantenga en 240 horas.

6. Acceso a la literatura científica: La puesta a disposición de los investigadores e investigadoras de nuestro país de los recursos bibliográficos para llevar a cabo sus investigaciones es una tarea pendiente. Como ejemplo, el acceso a la Web of Science (WOS), una herramienta básica para acceder y cuantificar la producción científica sigue sin resolverse satisfactoriamente.  Desde la sectorial reclamamos la pronta convocatoria de las ayudas de la FECYT para este fin.

7. Subcontratación (vía OTRI) de fondos contractuales externos: Las universidades públicas trabajamos duramente por ser cada vez más competitivas en innovación y transferencia de conocimiento a la sociedad. Una de las formas más efectivas de hacerlo es mediante licitaciones en competencia. Solicitamos que las universidades públicas sean tratadas en condiciones de igualdad y cuando obtengan estas adjudicaciones y en ellas se prevea subcontratación, teniendo en cuenta la legislación existente, estas se realicen excluidas de la ley 9/2017, de contratos del sector público.

8. Compromiso con la Agenda 2030: La Comisión Sectorial de Investigación del G-9 alinea sus objetivos de I+D+i con la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible(ODS). En línea con este compromiso, nuestras universidades reivindican su protagonismo como agentes dinamizadores, promotores y facilitadores de tecnologías sostenibles a través de la I+D+i que desarrollan. Al mismo tiempo, reclamamos programas específicos de financiación orientada a la consecución de los ODS así como el reconocimiento de las actuaciones hacia la sostenibilidad por parte de nuestras instituciones.

El Grupo 9 de Universidades (G-9) es una asociación, creada en 1997, conformada por las universidades que son únicas universidades públicas en sus respectivas Comunidades Autónomas: Universidad de Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Extremadura, Universitat de les Illes Balears, Universidad de La Rioja, Universidad de Oviedo, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad Pública de Navarra y Universidad de Zaragoza.

Las universidades del G-9 cuentan con 170.000 estudiantes, 19.340 miembros del personal Docente e Investigador y 8.160 miembros del personal de Administración y Servicios.