Los actuales sistemas de prevención de la violencia de género no consiguen resultados significativos en la reducción de los feminicidios. Esta es la principal conclusión de un estudio liderado por la Universidad de Oviedo, que recomienda la puesta en marcha de cuatro medidas concretas para los casos más extremos de agresiones machistas.

El trabajo, realizado por el profesor Javier G. Fernández Teruelo, catedrático acreditado de Derecho Penal de la Universidad de Oviedo, se ha elaborado cotejando la información estadística que aporta el Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia y el Observatorio frente a la Violencia de Género. Este docente plantea propuestas relacionadas con la protección, aunque no exista denuncia previa, con la discriminación de riesgos, con la gestión de los procesos de separación y con la auditoría de los fallos del sistema.

La investigación reconoce que en los últimos años se han registrado avances indudables en esta materia, pero reducidos a los casos menos extremos. Así, por ejemplo, el número de denuncias en diez años se ha multiplicado por diez al pasar de 13.000 a 130.000 en toda España. Sin embargo, esta mejoría no se ha trasladado a la reducción de las muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. El número de fallecimientos, los llamados feminicidios, permanece más o menos estable. Cerca de mil mujeres han sido asesinadas en los últimos 15 años, lo que supone una media anual de entre 60 y 70 fallecimientos.

El estudio recomienda la puesta en marcha de cuatro medidas concretas para los casos más extremos de las agresiones machistas

¿Qué está fallando? Fernández Teruelo destaca que la amenaza penal como instrumento de prevención frente a la violencia de género no está dando los resultados esperados. Este profesor aporta algunos datos que explican cómo se comportan los feminicidas. El hecho de que casi un tercio de los maltratadores se suiciden o lo intenten tras asesinar a sus parejas demuestra la escasa capacidad del derecho penal para cambiar comportamientos. Además, el resto, casi un 90%, se entregan a la policía tras matar a sus mujeres, lo que conlleva además una atenuante por confesión.

"En los supuestos más graves, las medidas penales y procesales previstas, básicamente el alejamiento y el control del agresor, revisten escasa utilidad", afirma este docente. "Nos encontramos ante un sujeto que se comporta de forma distinta al resto de los maltratadores. Su conducta no está condicionada en absoluto por la pena que se le vaya a imponer", añade.

Es necesario, por lo tanto, identificarlos bien, saber quiénes son y saber qué hacer con ellos, cómo actuar para salvar a la víctima. "¿Cualquier maltratador puede en principio matar? Generalmente, no. La mayor parte de los maltratadores se enfrentan al sistema judicial policial. Los que están dispuestos a matar son distintos", indica este investigador.

¿Qué factores influyen en la violencia extrema?

El análisis estadístico revela que el dato más coincidente es que víctima y agresor estaban en trámites de separación; más en concreto, el anuncio de ruptura es la variable que más veces se repite. "Nada menos que en el 73% de los casos en los que consta separación no había, sin embargo, denuncia", subraya. Se hace necesario, por lo tanto, ayudar a la mujer en situación de maltrato para que sea consciente del riesgo que supone el inicio del proceso de separación sin apoyos.

¿Cómo identificar las situaciones de riesgo?

El sistema de detección que se utiliza, a través de un test de valoración, no es capaz de discriminar los casos de riesgo extremo con respecto a los demás. Tanto el primer test, de 2007 como su actualización, de 2016, que además no se aplica en Asturias, son manifiestamente mejorables porque, entre otras cosas, no valoran el riesgo de feminicidio. De hecho, en la actualidad, solo 150 mujeres de las 51.640 integradas en el registro vigente tienen identificado un riesgo alto o extremo y la protección física directa únicamente está prevista para estos casos.

¿Qué ocurre con las denuncias?

El estudio del profesor Fernández Teruelo indica que solo en el 15,7% de los feminicidios existía una denuncia previa. La inmensa mayoría de las víctimas en los últimos 15 años ni siquiera llegaron a denunciar la situación de maltrato padecida. El investigador de la Universidad añade que la situación de la mujer sometida a maltrato prolongado es extremadamente complicada. "Algunas no reconocen el maltrato, otras temen poner en riesgo a sus hijos y, en muchas ocasiones, ni siquiera existen sentimientos negativos hacia el agresor", comenta. Además, la denuncia no siempre garantiza que no haya asesinato. En un 15% de los feminicidios existía denuncia y, sin embargo, el sistema no logró evitar la muerte.

Propuestas

El trabajo liderado por la Universidad de Oviedo, a petición del Gobierno del Principado, realiza cuatro propuestas concretas para reducir los feminicidios.

Protección sin denuncia. Es preciso reforzar los mecanismos de denuncia a través de terceros –médicos, familiares, amigos o vecinos—y poner en marcha un nuevo modelo que permita proteger a la víctima aunque no exista denuncia previa.

Discriminación de riesgo. Llama la atención que la determinación de riesgo se sustente sobre una serie de ítems introducidos en un programa informático y, más aún, que no exista un examen del maltratador en el proceso de valoración de riesgos. Es necesario un nuevo sistema de detección del riesgo de feminicidio, construido en términos cualitativos y sobre la base de los perfiles identificados en la investigación. A la vez, resulta imprescindible poner en marcha cuanto antes las unidades de valoración forense integral que, con el mismo objetivo, también deberán examinar al agresor y no solo a la víctima de maltrato.

Correcta gestión del riesgo en los procesos de separación. El profesor Fernández Teruelo propone la introducción de campañas informativas con el objeto de que las mujeres víctimas de maltrato sean capaces de identificar y gestionar los riesgos de violencia extrema en procesos de ruptura de la relación. A la vez, debe formarse a determinados especialistas para ayudar y acompañar a la mujer a lo largo de todo ese proceso.

Auditar los fallos del sistema en cada feminicidio. El profesor de la Universidad de Oviedo concluye que resulta cuando menos sorprendente que una sociedad que lo audita prácticamente todo no audite qué ha fallado para que una mujer sea asesinada por su pareja o expareja. Hay que recordar que en todo feminicidio o bien no se detectó la situación de riesgo o, si se detectó, el sistema no fue capaz de evitarlo. Existe, por lo tanto, un importante margen de mejora en ambos ámbitos (detección y protección a la víctima una vez detectado).