La Política Agrícola Común (PAC) es la política con mayor impacto socio-económico y ambiental en Europa. Supone el 37,5% del presupuesto europeo, más de 50.000 millones de euros al año, y afecta directamente a más de la mitad del territorio europeo, 10 millones de explotaciones y 22 millones de empleos del sector agrícola. Esto hace que sea imprescindible conocer la naturaleza de su impacto y los resultados de su implementación en cuanto al alcance de sus objetivos, y en relación a otros objetivos establecidos dentro de otras políticas de la Unión Europea. La integración del medio ambiente y la biodiversidad ha ido en aumento durante la historia de la PAC, especialmente a partir de 2010, cuando se establecieron los principales retos de la PAC: seguridad alimentaria, medio ambiente y cambio climático, y un desarrollo territorial balanceado.

Tras revisar la evidencia disponible sobre la PAC en los últimos años, investigadores de la Universidad de Oviedo, y en concreto de la Unidad Mixta de Investigación en Biodiversidad (UO-CSIC-PA), ubicada en el Campus de Mieres, han evaluado los impactos y resultados de la PAC desde su anterior período de programación hasta la actualidad. El trabajo ha sido publicado en la revista Nature Ecology and Evolution.

Los investigadores indican que desde 2007 hasta 2013 se han perdido más de 420.000 explotaciones al año, sumando aproximadamente 3 millones durante ese período a nivel europeo. A pesar de que algunos indicadores socio-económicos y ambientales han mostrado un signo positivo en los estados miembros, como el balance de nitrógeno y fósforo por hectárea, los gases de efecto invernadero asociados a la actividad del sector agrícola han aumentado e indicadores de biodiversidad, como el status de las aves de ambientes agrícolas, muestra una preocupante tendencia negativa. Asimismo, la población rural y el empleo agrícola continúan disminuyendo de forma considerable. "A pesar de las ayudas de la PAC, en España entre 2007 y 2014 se han perdido más de 11.000 explotaciones al año", comenta José Vicente López-Bao, de la Universidad de Oviedo.

Desde principios de 2017, se ha abierto un proceso de reforma de la PAC, comenzando por una consulta a la ciudadanía de la UE sobre la dirección que debe tomar la política más cara por ciudadana o ciudadano europeo (alrededor de 100 euros al año). Sus resultados señalan un importante consenso acerca de que la PAC ha fallado en su respuesta a los desafíos ambientales. Tan sólo el 23% de las y los encuestados señaló que la PAC este respondiendo de forma apropiada a los problemas ambientales. Los resultados de esta consulta concuerdan con la preocupación creciente y sostenida de las y los ciudadanos europeos respecto del medio ambiente, como muestran los resultados del Euro-barómetro en los últimos años (el 95% de los encuestados y encuestadas consideran que la protección del medio ambiente es importante).

Aunque, en 2018, ha entrado en vigor un reglamento que modificó numerosos aspectos de la PAC. Se ha conseguido resolver por ejemplo parte de los problemas asociados a los pastos arbolados y arbustivos, al modificar su definición, ya que habían dejado de cobrar parte de las ayudas debido al coeficiente de admisibilidad de pastos que penalizaba la presencia de árboles y arbustos en los pastos como ocurre en la dehesa de forma evidente, pero también en otros sistemas silvo-pastorales. También se han introducido nuevas superficies de interés ecológico para favorecer a los polinizadores. Sin embargo, se han introducido otras superficies de dudoso interés ecológico como cultivos del género Miscanthus o el silfio que son plantas foráneas para la producción de biocombustibles o la alimentación del ganado respectivamente.

El personal investigador propone una serie de pasos para mejorar la legitimidad y los resultados de la PAC desde un punto de vista ambiental. Propone que los pagos se enfoquen hacia objetivos ambientales, promover el apoyo a los sistemas agrarios de alto valor natural, mejorar la flexibilidad de las medidas y la integración de las diferentes políticas que afectan a los objetivos de la PAC y en relación a los objetivos comprometidos por la Unión Europea.

Desde hace décadas, los pagos de la PAC principalmente se dirigen a la superficie agrícola y al número de animales de la explotación o consisten en derechos históricos,­ como en el caso del olivar en España. "Hoy en día todavía se reciben pagos por derechos históricos, como en el olivar, que recibe enormes ayudas indistintamente de sus prácticas de manejo. Mucha superficie de este cultivo está perdiendo toneladas de suelo al año", comenta Alberto Navarro, el otro coautor del trabajo. Todo esto ha contribuido a concentrar los pagos de la PAC cada vez en menos manos, y en las explotaciones más grandes, dejando fuera a las más pequeñas y a quienes probablemente más lo necesitan. Sin embargo, desde la perspectiva de la protección ambiental este tipo de pagos son los menos efectivos. Los pagos que presentan mejor desempeño son aquellos que están enfocados a objetivos concretos y desacoplados de la producción.

Las explotaciones que tienen un mejor desempeño ambiental y presentan mayor biodiversidad se conocen en Europa como sistemas agrarios de alto valor natural. Son objetivo prioritario de la PAC a través de sus programas de desarrollo rural y su fondo asociado, aunque siguen estando sin identificar correctamente. Los autores del estudio proponen que estos sistemas sean correctamente identificados y se les apoye por el valor de conservación que realizan más allá del actual pago por lucro cesante. Con los datos disponibles actualmente en las agencias de gestión de la PAC sería posible mejorar la identificación de estos sistemas. "Aquellas explotaciones que con sus prácticas contribuyan a la conservación de la biodiversidad deberían ser más apoyadas. El pago por el lucro cesante por realizar sus actividades en áreas con limitaciones naturales no es insuficiente para detener el abandono de estos sistemas. Es necesario identificar estas explotaciones, valorar de forma efectiva su aportación a la conservación y protección ambiental y compensarles por ello de forma justa", comenta Alberto Navarro.

La flexibilidad es algo que se demanda desde el sector agrícola y desde los propios estados miembros para la aplicación de la PAC. En el estudio se indica que esto puede ayudar a la aceptación de las medidas y que la implicación de los agricultores en su diseño y aplicación puede mejorar los resultados de las mismas cuando estas están orientadas a resultados concretos. Por último, los autores señalan que para alcanzar los objetivos ambientales de la PAC, así como los de otras políticas europeas y los comprometidos por la UE a nivel internacional, es necesaria la integración de la PAC con diferentes políticas de forma efectiva. Los investigadores sugieren la necesidad de modificar el sistema actual de asesoramiento a las explotaciones, basado en un único asesor, hacia uno interdisciplinar debido a la multitud de objetivos de la PAC. "No es posible alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible o los comprometidos en acuerdos internacionales de conservación del medio ambiente y la biodiversidad sin una PAC que integre dichos objetivos de forma efectiva", concluye López-Bao.