1. Tasa de reposición: las universidades públicas del G-9 advierten de la muy limitada eficacia para las universidades públicas de las medidas de estabilización impulsadas por el gobierno del Estado (tasa de reposición adicional), a diferencia de lo que ocurre con otras administraciones públicas que están pudiendo ofertar decenas de miles de plazas para reducir la temporalidad. Las consecuencias de la mala técnica normativa, germen del problema, se agravan a la vista de la aplicación de la norma por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública. A causa de ello, un porcentaje importante del personal docente e investigador temporal de las universidades, que estaría en condiciones reales de ser estabilizados, sin incrementar los costes a las universidades, tiene que mantenerse en figuras temporales. 

 

Las universidades del G-9 reiteran que la solución a los problemas de la incorporación de personal a la universidad pública española se lograría mediante la supresión del sometimiento a la tasa de reposición, sin perjuicio del control presupuestario que se le exija.

 

2. Acreditación: en general, los nuevos criterios de acreditación suponen una mayor dificultad de acceso a la función pública. Además, en algunas áreas de conocimiento, las dificultades de acreditación en todos los niveles, así como la falta de una carrera universitaria bien definida, desincentiva a un gran número de personas para realizar una carrera profesional en la universidad pública y conduce, por ello, a una carencia clara de profesorado.

 

A todo ello, hay que sumar que se hace imprescindible el establecimiento de periodos de transitoriedad entre diferentes modelos de acreditación, dado lo extenso de los periodos evaluados y la imposibilidad de adaptarse sobre la marcha a criterios sobrevenidos, lo que causa retrasos inasumibles en las carreras profesionales del PDI. 

 

3. Ciencias de la Salud: se solicita una especial atención al ámbito de la salud humana, a la vista de la situación y características del personal que está prestando servicio en el mismo. 

 

Por ello, el G-9 de Universidades solicita que el Estado adapte el sistema nacional de acreditaciones para esta rama. Asimismo, que las Comunidades Autónomas apoyen a las universidades con estudios en estos ámbitos con diversas medidas: modificando sus normativas para facilitar la compatibilidad entre la actividad asistencial y docente, mediante figuras vinculadas en régimen laboral; estableciendo protocolos específicos de acreditación; y cediendo a las universidades tasa de reposición en las áreas de la salud, ante los problemas de escasez de profesorado en dichas áreas.

 

4. Ley Orgánica de Universidades (LOU): la Comisión Sectorial de Profesorado de universidades públicas del G-9 aboga por una revisión en profundidad de la actual Ley Orgánica de Universidades, 6/2001, de 21 de diciembre, LOU, en particular en el ámbito de su competencia, que tenga en consideración el origen y las titulaciones diversas y que sea sensible a las áreas de conocimiento con perfiles diferenciados. Asimismo, indica la clara necesidad de desarrollo y aprobación de un Estatuto del PDI que defina claramente la carrera en la universidad pública.

 

El Grupo 9 de Universidades (G-9) es una asociación conformada por las universidades que son únicas universidades públicas en sus respectivas Comunidades Autónomas: Universidad de Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Extremadura, Universitat de les Illes Balears, Universidad de La Rioja, Universidad de Oviedo, Universidad del País Vasco /Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad Pública de Navarra y Universidad de Zaragoza.