Un estudio de la Universidad de Oviedo, en colaboración con la Fundación Nantik Lum, revela el escaso reconocimiento jurídico de las violencias económicas a nivel internacional y en España. El informe, impulsado por el grupo de investigación Finanzas y Gobierno Corporativo, relaciona este tipo de violencia de género con las escasas competencias financieras de la sociedad, ya que menos del 20 % de los españoles cuenta con conocimientos básicos en esta materia. Se trata de un estudio jurídico multinivel sobre las violencias económicas y la educación financiera, que ha contado con financiación de los ministerios de Ciencia, Innovación y Universidades, Igualdad y Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El informe, presentado hoy en la Universidad de Oviedo, analiza los avances normativos desarrollados en el derecho internacional, comparado y español, con el objetivo de proponer soluciones específicas que impulsen cambios legislativos para reconocer y erradicar esta forma de violencia de género.  

Cabe tener en cuenta que las violencias económicas, una forma de violencia de género que afecta a la independencia financiera de las mujeres, sigue siendo una realidad silenciosa y poco regulada en España. Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019, este tipo de abuso afecta a un 11,5% de las mujeres mayores de 16 años en nuestro país, lo que equivale a más 2.350.000 víctimas. Está considerada como la tercera forma más frecuente de violencia de género y se manifiesta a través del dominio de la economía doméstica, la explotación económica o el sabotaje laboral. Sin embargo, y a pesar de su relevancia, no existe ningún protocolo de aplicación específico en el ordenamiento jurídico español, lo que dificulta su detección e intervención.

El estudio Violencias Económicas y Salud Financiera: Un estudio jurídico ha sido coordinado por la catedrática de Economía Financiera de la Universidad de Oviedo Silvia Gómez Ansón y ha contado con la participación de los profesores Javier González Vega y Mª Paz Fernández Rivera y del investigador Daniel Mera Bueno. 

El escaso reconocimiento jurídico de la violencia económica

Los resultados de la investigación destacan serias preocupaciones sobre el reconocimiento jurídico de las violencias económicas tanto a nivel internacional como nacional. En el contexto global, la mayoría de las normativas que existen son de carácter meramente recomendatorio y no obligatorio. En cuanto a Europa, solo 23 países cuentan con leyes específicas sobre este tipo de abuso, destacando Francia y Reino Unido como estados relevantes en la materia.

En España no se reconoce legalmente como una forma de violencia de género. La jurisprudencia española muestra un escaso desarrollo del concepto de violencias económicas, con únicamente cinco sentencias en los tribunales superiores que la mencionan. Además, en el ámbito penal, esta forma de abuso se vincula principalmente con el delito de impago de pensiones. 

Muchas sentencias desestiman la violencia económica, citando razones como la falta de pruebas, la percepción de que el impago de pensiones no es violencia económica a menos que se combine con otros tipos de abuso, y la idea de que las mujeres afectadas son económicamente independientes. Estas deficiencias legales y judiciales ponen de manifiesto la importancia de tratar con la mayor rapidez las violencias económicas de manera integral en España.

La importancia de fomentar la educación financiera

Uno de los aspectos más relevantes en este análisis ha sido la relación entre la salud financiera y las violencias económicas. Las estadísticas indican que, a mayores competencias financieras e independencia económica, disminuye la probabilidad de sufrir este tipo de violencia. Sin embargo, según un estudio reciente del Banco de España, el 81% de los españoles no poseen conocimientos básicos sobre competencias financieras, siendo las mujeres las que presentan un mayor desconocimiento.

Cabe señalar que tanto la Universidad de Oviedo como la Fundación Nantik Lum, promotoras del estudio, son entidades colaboradoras del Plan de Educación Financiera, una iniciativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y en el que participan más de 45 instituciones cuya finalidad es mejorar la educación financiera de los ciudadanos. En este sentido, entre las líneas de actividad del Grupo de Investigación Finanzas y Gobierno Corporativo de la Universidad de Oviedo se incluyen ámbitos relacionados con género y diversidad y educación financiera. Además, el grupo desarrolla a través de la iniciativa FINEDUCA360 acciones relacionadas con las competencias y educación financieras, de investigación, transferencia y docencia a lo largo de la vida.

Por su parte, la Fundación Nantik Lum, comprometida con la igualdad y la lucha contra la violencia de género, trata esta problemática mediante la sensibilización, formación y la mejora de la salud financiera de las mujeres, especialmente de colectivos vulnerables. “Nosotros contamos con el programa sobre violencias económicas, que está diseñado para combatir este tipo de abuso a través de la educación y de acciones concretas que promuevan un impacto social positivo, con el fin de construir una sociedad más libre", explica Lucía Medina, directora de la Fundación Nantik Lum y moderadora de la mesa de debate que ha tenido lugar hoy en la Universidad de Oviedo.

Una jornada para presentar el estudio y debatir desde una perspectiva legal

El estudio Violencias Económicas y Salud Financiera: Un estudio jurídico se ha presentado esta mañana con motivo del Día de la Educación Financiera, que se celebra cada 7 de octubre. La jornada ha estado presidida por el vicerrector de Planificación Estratégica y Coordinación de Campus de la Universidad de Oviedo, Juan Carlos San Pedro, quien ha puesto en relieve la compleja labor que ha supuesto un estudio que da “un paso más para visibilizar y comprender la violencia económica como otra forma de violencia de género”. También ha agradecido el esfuerzo conjunto de las organizaciones involucradas en la investigación, que han trabajado para impulsar cambios normativos: “Proteger a las mujeres desde una perspectiva legal y empoderarlas desde el punto de vista financiero son claves para erradicar un tipo de violencia poco visibilizada, pero no por ello menos grave”.

Tras su intervención, ha tenido lugar la presentación del estudio en la que han participado los profesores de la Universidad de Oviedo y autores Silvia Gómez Ansón, Paz Fernández Rivera y Javier González Vega, junto a la coordinadora de Proyectos de la Fundación Nantik Lum, Isabel Nistal. La jornada ha finalizado con una mesa de debate que ha contado con la presencia de Javier Fernández Teruelo, decano de la Facultad de Derecho y experto en violencia de género, María Jesús Álvarez, directora general de Igualdad del Principado de Asturias, y María García, presidenta de la Asociación Isadora Duncan. Lucía Medina, directora de la Fundación Nantik Lum, fue la encargada de moderar el debate.

Javier Fernández Teruelo, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo y experto en violencia de género, también ha destacado que “pese a que la violencia económica está reconocida como una forma de violencia contra la mujer en el Convenio de Estambul, ratificado por España en el año 2014, aún no se ha desarrollado de manera específica en el marco normativo penal español, siendo el Tribunal Supremo y la jurisprudencia menor las que abordan el tratamiento de este tipo de abuso, si bien aún de manera demasiado tibia”.

Por su parte, la directora general de Igualdad del Principado de Asturias, María Jesús Álvarez, ha destacado que “la pobreza tiene rostro de mujer y no es casual: tiene que ver con la brecha salarial, con la persistencia de estereotipos y roles de género en el acceso al empleo y con la desigualdad en el reparto de los cuidados entre mujeres y hombres”. Además, ha subrayado que “la igualdad de género tiene que prestar especial atención a la igualdad de oportunidades en materia de empleo, salario, carrera profesional, pensión y conciliación laboral, porque en la medida en que la desigualdad económica se hace crónica e impide la autonomía e independencia de las mujeres se convierte en una forma de violencia de género que estamos obligados a combatir”.